Fue una de las escasas leyes respaldadas por la unanimidad de los políticos. Pero, tras seis años de aplicación, a la ley integral de Violencia de Género se le han detectado grietas, y algunas tan severas que desvirtúan su aplicación.
Los expertos consideran que falla la base misma la ley, la prevención, porque no se ha trasladado el combate contra el machismo a colegios e institutos, y los adolescentes continúan perpetuando el modelo patriarcal de los adultos.
Falla la actitud de una parte de los jueces, quienes orillan el espíritu de la ley y lo que esta tipifica como delito ellos lo califican de simple falta.
Fallan también las propias víctimas, muchas de las cuales no se ratifican en la denuncia y el agresor sale impune.
Falla, igualmente, la valoración de riesgo por parte de la policía y la Guardia Civil: la mayoría de las 54 fallecidas en 2010 que habían presentado denuncia -el total de víctimas mortales fue de 73- habían recibido la calificación de "riesgo bajo o inexistente".
Las cuatro juezas y los tres jueces que integran el grupo de expertos del Observatorio de Violencia de Género -creado por el Consejo General del Poder Judicial para supervisar la aplicación de la ley y la realidad del maltrato en España- han presentado un proyecto de reforma al Parlamento que matiza varias cuestiones que causan distorsión, pero coinciden en que el desajuste fundamental de la ley es la inseguridad jurídica que genera que una parte de los jueces la aplique conforme a los motivos que la generaron y otros actúen como si la ley nunca hubieras sido aprobada. Recientes sentencias así lo confirman.
(Resumen del artículo de Joaquina Prades en elpais.com, si quieres verlo entero, pincha aquí).
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