Esperanza Aguirre ve algo oscuro en la marea verde de profesores que protestan contra los recortes educativos.
Además de acusar a los huelguistas de estar llevando a cabo movilizaciones "políticas" y de culpar a los sindicatos de atentar "contra el derecho a la educación", ahora también los hace sospechosos de fraude fiscal.
A su juicio, la venta de las camisetas verdes símbolo de la protesta es un "negociazo" que se hace en negro. La acusación verbal, hecha ayer por Aguirre, se ha concretado hoy en acciones legales: el PP de Madrid presentará una denuncia contra tres asociaciones que, en su opinión, están vendiendo sin IVA las prendas.
Son la asociación de vecinos Palomeras Bajas, la Plataforma en Defensa de la Educación pública y la federación de asociaciones de padres Giner de los Ríos. Además, solicitará la inhabilitación para solicitar y recibir subvenciones públicas para estos tres organismos.
El PP de Madrid asegura que la denuncia se presentará "la semana que viene", aunque no ha especificado ante qué tribunal. El avance de esa denuncia resultaría complicado según un grupo de especialistas.
Gestha, sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, explica que "no hay base para una defraudación ni delito" en la propuesta de los populares. Por parte de la imprenta, según una portavoz de Gestha, tendrían que existir "cuotas defraudadas de más de 120.000 euros", lo que supone vender a las asociaciones 2,4 millones de euros u 800.000 camisetas. En las 52 semanas del año (a razón de 1.700 camisetas semanales que, según el PP, se están vendiendo) se alcanzarían 88.400.
Y, aunque lograran vender todas las requeridas, podrían presentar la declaración del Impuesto de Sociedades en plazo, puesto que se solicita en enero, informa Pilar Álvarez.
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